El presidente Quim Torra y algunos miembros de su gobierno están exhibiendo una jerarquía de valores bien clara: su ideología y sus intereses partidistas parecen más importantes que la salud y la vida de las personas.

El estado de alarma aprobado por el gobierno español nada tiene que ver con el artículo 155 de la Constitución ni con una vulneración competencial. Es un instrumento transitorio previsto en el ordenamiento para hacer frente a situaciones extraordinarias, precisamente como la que afrontamos, y que ha de permitir la adopción e implementación de las medidas necesarias para combatir la pandemia. No ha lugar a peleas por competencias, celos entre administraciones y menos aún a aprovechar la situación para hacer críticas y reivindicaciones totalmente fuera de lugar. Las urgencias de la crisis sanitaria del coronavirus no admiten irresponsabilidades ni sectarismos. Es necesaria la máxima unidad y lealtad entre instituciones.

No tiene sentido que el gobierno catalán haya intentado aprovechar las horas previas a la aplicación del estado de alarma para intentar la ficción de un control de las entradas y salidas del territorio catalán, levantando así una suerte de falsas fronteras con la excusa de los controles sanitarios y con el único objetivo de realizar gestos impostados de soberanía que le reclaman las bases radicalizadas del independentismo.

El confinamiento de Cataluña de Torra es el eufemismo bajo el que se esconde el intento de trastocar la crisis del coronavirus para recuperar un impulso independentista muy menguado. Una deslealtad sin precedentes hacia el conjunto de la población catalana y hacia el resto de España. Nada tiene que ver el cierre de puertos, aeropuertos y pasos de frontera que exige Torra al gobierno de Sánchez con el confinamiento en las casas al que obliga la lucha contra la propagación de la enfermedad.

Medios de comunicación y redes independentistas próximas al Govern han aprovechado las actitudes frívolas de parte de la población madrileña para espolear los peores instintos xenófobos entre la opinión pública. Como sucede a menudo, nuestros jorobados no ven su joroba. Si es cierto que miles de madrileños se han desplazado a las costas valenciana y murciana más con espíritu de vacaciones que de confinamiento, lo mismo ha sucedido con miles de catalanes desplazados a sus segundas residencias en la Costa Brava y en las comarcas del Pirineo, actitud que ha sido censurada por los propios habitantes de estos territorios, por irresponsable e insolidaria. Más habría valido que el gobierno catalán se hubiese dedicado, como lo ha hecho el de Murcia, a limitar o, incluso, a confinar a las poblaciones llegadas a las segundas residencias, donde pueden cargar súbitamente, y fuera de controles estadísticos, la red hospitalaria comarcal.

El interés de los catalanes, la salud y la vida de todos, el futuro mismo de Cataluña, exigen una actitud solidaria y cooperativa de todas las administraciones, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central y de la Unión Europea cuando decida que este es un problema que no tiene pasaporte, como ha dicho el presidente Macron.

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No hay ninguna duda sobre las competencias, perfectamente delimitadas por la Constitución, si bien deben ser gestionadas con sensatez y prudencia desde el mando único y siempre con las consultas suficientes y la debida coordinación con los gobiernos y los servicios de las autonomías. Como tampoco hay ninguna duda de que no hay voluntad de recentralizar, como ha denunciado el presidente Torra, sino de ser eficaces. Ahora se requiere que todo el esfuerzo de los ciudadanos y de las administraciones se concentre en la gestión de una situación tan excepcional y peligrosa. Los irresponsables, mejor que den un paso al lado. En la gestión de la crisis del coronavirus no caben los hechos diferenciales.