Ha llegado el momento de decir basta. El Gobierno presidido por Quim Torra está totalmente agotado. Nunca se había llegado tan lejos en la parálisis, cuando no la degradación, de las instituciones de autogobierno. Ya no se sostienen los argumentos que sirvieron para formarlo y solo el altísimo grado de parálisis política, reforzada por las dificultades del estado de alarma, permite mantenerlo de forma artificiosa. Sin la vacía gesticulación presidencial y sin el auxilio de los medios de comunicación públicos, enfrascados en el ejercicio de sometimiento más humillante que se haya visto desde la dictadura, Torra y su equipo habrían dejado de existir políticamente.

Se ha hundido la construcción artificiosa que acompañó la formación del Gobierno: el llamado ‘mandato del 1 de Octubre’, la dualidad de la presidencia pretendidamente legítima acompañando una presidencia que debía ser efectiva, la funcionalidad de artefactos como el Consejo de la República y la voluntad, tan proclamada como desatendida, de hacer algo conceptualmente tan intangible como ‘construir república’. Todo ello ha quedado en agua de borrajas, ahogado además por la crisis de salud pública del coronavirus.

En la inefectividad de un gobierno militante y agitador como el que preside Torra, se ha añadido la ineficiencia mucho más trágica y dolorosa de este gabinete incompetente, incoherente y dividido a la hora de enfrentar con diligencia el combate contra el virus. Destrozado por la rivalidad entre sus componentes, solo es capaz de sobrevivir con el combustible de una retórica de división y de resentimiento contra las instituciones del Estado de derecho, convertido en el chivo expiatorio de sus carencias y frivolidades.

Nadie puede pasar por alto las gravísimas responsabilidades derivadas de diez años de gestión de las competencias sobre la sanidad y sobre las residencias de ancianos -los dos agujeros negros del Estado de bienestar catalán- por parte de los gobiernos nacionalistas presididos por Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Derivar las responsabilidades de la falta de preparación frente al coronavirus hacia el Gobierno de España, haciendo abstracción de los recortes sanitarios y de la negligencia en la inspección de las residencias, es un ejercicio de hipocresía y de falseamiento tan grave como el que hace Donald Trump cuando pretende culpabilizar al Gobierno de China y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A las irresponsabilidades y la inacción hay que añadir también las iniciativas directamente encaminadas a envenenar la vida política, como ha sido el trato dispensado a la Unidad Militar de Emergencias y el desprecio a la acción de los cuerpos policiales de competencia central. A la ficción de la independencia, Quim Torra ha añadido la ficción de una súbita vocación de gobierno de la autonomía, dirigida a desprestigiar el estado de alarma, la concentración de las decisiones en el mando único y la necesidad de coordinación. Este nuevo relato no pretende recuperar el autogobierno sino impugnar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, en un ejercicio de oposición desleal impropio de una crisis de las dimensiones de la que estamos sufriendo.

Se hace difícil imaginar que desde la confrontación -y a veces desde el insulto y la culpabilización- se puedan resolver cuestiones perentorias como es la situación de los políticos presos o el diálogo futuro entre Barcelona y Madrid. Nadie en su sano juicio puede pensar que, para avanzar en estas cuestiones, sea de alguna utilidad la sustitución de la falacia de la España que robaba a los catalanes por la insidia de que España es la responsable de los muertos del coronavirus. Hemos pasado de un relato mágico a un relato macabro que solo satisface las bajas pulsiones xenófobas y supremacistas del nacionalismo populista más irracional y que aviva las mismas pulsiones, en sentido contrario, de la derecha y de la extrema derecha en el conjunto de España.

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Necesitamos una mayoría nueva, una mayoría con voluntad y disposición de gobierno, que recupere para Cataluña la vocación pactista. Especialmente de cara a la etapa de reconstrucción de la economía y del Estado de bienestar que hay que emprender sin esperar la total eliminación del coronavirus -que solo será completa con la vacunación. Cataluña necesita urgentemente ser gobernada, desde la lealtad a los ciudadanos y desde la lealtad a las instituciones, al Estatuto y a la Constitución.

De facto, estamos ya en tiempo de descuento, puesto que el presidente Torra ya anunció el final anticipado de la legislatura y la convocatoria de elecciones. Debido a esta interinidad, y con los cálculos electorales como telón de fondo, la coalición independentista de gobierno chirría constantemente. Las elecciones son necesarias, por supuesto a su  tiempo y en forma, es decir, una vez superada la actual fase de desescalada del estado de alarma y con los plazos y las garantías previstas en la legislación de referencia.

Mientras, las voces de la oposición deben hacerse oír dentro y fuera de las instituciones, porque no es lo mismo mantener un comportamiento leal acerca de la difícil gestión de la emergencia sanitaria –que no excluye la crítica cuando sea necesaria— que tolerar la deriva sectaria impulsada por el presidente Torra utilizando la institución de la Generalitat y los medios públicos que de ella dependen.

Hay que exigir por tanto un funcionamiento regular del Parlamento de Cataluña, respecto al seguimiento específico de la crisis sanitaria  en la comisión correspondiente de la Cámara, pero también a su dirección política: las sesiones de control al Gobierno y de su presidente en el plenario. La democracia no puede estar en cuarentena, y sobre todo no puede estarlo la institución depositaria de la voluntad popular, a la espera del momento en el que los ciudadanos emitan su veredicto en unas elecciones.