La divergencia entre palabras y hechos está cada vez más acentuada en el mundo del independentismo. No extraña el cansancio creciente de la ciudadanía en general e, incluso, de los ciudadanos independentistas en particular. Llamémosle relato o, más toscamente, mentiras, la cuestión es que cada vez es mayor la diferencia entre la fraseología retórica y solemne de las promesas y más clara la auténtica disputa en el seno del independentismo. Es por el poder, por la perpetuación de un régimen, por la hegemonía y, más concretamente, por el protagonismo en el diálogo, la negociación y el pacto que, indefectiblemente, se tenía que producir y que ya ha comenzado con la mesa reunida en la Moncloa la semana pasada con la participación de los gobiernos de la Generalitat y de España.

Si faltaba algo de luz para aclarar el escenario, el mitin electoral de Junts per Catalunya celebrado en Perpignan el sábado la ha aportado al fin. Bajo la retórica independentista de unos y otros existe idéntico objetivo: hacerse con el protagonismo en la negociación con el gobierno del Estado y hacerlo, naturalmente, con la máxima fuerza política en las manos. Todos saben, hasta el más fanático, que no habrá independencia, ni tampoco amnistía, y menos aún reconocimiento de ningún tipo de derecho a la autodeterminación.

Lo saben Torra y Puigdemont y lo saben Junqueras y Aragonès. Todavía más, y mejor, lo sabe Artur Mas que, calladamente, aspira a recuperar además del liderazgo del mundo postconvergente, su papel de negociador natural entre las clases dirigentes de Barcelona y Madrid, aunque sea haciéndose rogar, de manera que se le excluya de cualquier humillante competencia interna entre candidatos de su espacio político.

Si hasta ahora el procés fingía el combate irredento por la independencia, ahora se está convirtiendo en una competencia feroz, que finalmente será electoral, por dirigir la negociación sobre la ampliación del autogobierno. Ahora hay que disimularla, incluso negarla, oponerse a ella como ha hecho Clara Ponsatí desde la tribuna de Perpignan. Pero este es el objetivo y esta es la disputa: saber quién dirigirá la negociación por la parte catalana y quién sacará provecho en términos de poder. Y eso no se aclarará hasta que haya elecciones en Cataluña, de manera que la mesa de negociación ahora constituida se ha de convertir necesariamente y desde ahora mismo en un terreno de juego de la campaña electoral dentro del independentismo.

Esta es la razón de la evolución de Torra y Puigdemont, reticentes al principio, dispuestos a poner todos los palos en las ruedas e, incluso, a propugnar el boicot imponiendo condiciones inalcanzables y dispuestos a pelearse por el protagonismo en la negociación, adelantándose así a los ocultos y auténticos objetivos del independentismo.

Esta disposición favorable es todo un éxito de Pedro Sánchez, que ve compensadas las notables dosis de paciencia con las que le toca aguantar la insufrible retórica pseudorevolucionaria del procesismo, bien que reciba valiosas rentas parlamentarias que le permitirán aprobar los presupuestos y lo convertirán en el artífice de una restauración de la imagen democrática y dialogante de España, deteriorada por los ineptos y tozudos reflejos vinculados a la mística autoritaria de ley y orden exhibidos por el gobierno Rajoy. En buena correspondencia, el éxito de la mesa es también todo un fracaso del PP de Pablo Casado, aún enganchado a la gestión inepta y tozuda del procés e incapaz de formular una sola idea para deshacer un embrollo del que su partido tiene tanta responsabilidad.

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Si ha empezado a menguar la subasta independentista entre Esquerra y Junts per Catalunya, transformada ahora en competencia por encabezar la negociación, todavía se mantiene inflamada la subasta simétrica de radicalidad nacionalista española entre PP y C’s, con la inestimable colaboración de Vox. Hasta que no disminuya esta última, ambas subastas se alimentan mutuamente. De manera que nada contribuiría tanto a la clausura definitiva de la etapa del procés como una tregua, al menos retórica, por parte de la derecha española.

Desafortunadamente, no es lo que se puede esperar de los actuales dirigentes de la derecha, con el peligro adicional de que la resonancia entre las retóricas nacionalistas de unos y otros llegue a poner en peligro las alianzas y la estabilidad del Gobierno. Este es, finalmente, el objetivo de una derecha parlamentaria sin votos, sin proyecto y sin capacidad para hacer una oposición con sentido de Estado.