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La devolución de los Presupuestos Generales del Estado y la convocatoria de elecciones generales, gracias a los votos del conjunto de parlamentarios de la derecha y del independentismo, sitúa a los ciudadanos de Cataluña ante una responsabilidad especial a la hora de emitir su voto el próximo 28 de abril. No son solamente recursos financieros o inversiones lo que ha perdido Cataluña como resultado del rechazo presupuestario. La celebración de elecciones generales en las actuales circunstancias sitúa al país en una peligrosa disyuntiva en la que están en juego cuestiones trascendentales para su futuro, como el autogobierno y la capacidad de entendimiento y de participación en la política española.

El punto al que hemos llegado es fruto de la conjunción de la voluntad de los partidos que quieren volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, anulando o restringiendo de forma permanente el autogobierno catalán, y de la de los partidos independentistas, que han utilizado irresponsablemente su mayoría parlamentaria y el gobierno de Cataluña para erosionar la autonomía, poniéndola al servicio del camino unilateral hacia la independencia en lugar de asumir la responsabilidad de gobernar y de mejorar las condiciones de vida de los catalanes. Las elecciones plantean, así, un dilema que obliga a elegir entre decir basta a la parálisis actual para emprender una nueva etapa o mantenernos en el marasmo dominado por la polarización y por políticas divisivas, fundamentadas en el miedo y en la demonización del adversario.

Atendiendo a la vocación fundacional de política&prosa como plataforma cívica y periodística, catalanista, constitucionalista y europeísta, promotora del diálogo y de la convivencia, desde nuestras páginas deseamos hacer una propuesta que pueda inspirar a los ciudadanos, a las entidades civiles, e incluso a todos los partidos políticos, proporcionando un marco mínimo de entendimiento entre las diversas opciones electorales. Consideramos imprescindible, en primer lugar y ante todo, que Cataluña abandone la actual parálisis política, en concreto la del ejecutivo y la del parlamento, que se vuelva a gobernar a sí misma de modo que sus representantes y dirigentes se comprometan ante el conjunto de la ciudadanía a gestionar democráticamente las instituciones, desde el gobierno y el parlamento hasta los medios de comunicación públicos, como patrimonio de todos y no solo de una parte del país, por amplia que ésta pueda ser.

Rechazamos y denunciamos, como antidemocráticos y anticonstitucionales, tanto la renuncia al autogobierno por parte del independentismo como la pretensión de liquidación o reducción neo centralista del Estado autonómico. Queremos el compromiso explícito de nuestros representantes con el mantenimiento de la convivencia y con la recuperación de la normalidad, lo que significa la condena de cualquier violencia o coacción en la vida y en los espacios públicos de Cataluña.

Como es natural, rechazamos toda condescendencia e impunidad hacia quienes transgreden nuestro ordenamiento jurídico. Creemos también, sin embargo, que una vez resueltas las causas judiciales que afectan a dirigentes políticos catalanes, y en el caso de que haya sentencias condenatorias, la necesaria normalización de la vida catalana puede requerir la promoción de medidas que anulen las penas de prisión y reintegren, a quienes las padezcan, a la plena vida civil y política en el plazo más breve posible.

Será igualmente necesario animar el espíritu reformista catalán y español para adecuar el bloque de constitucionalidad -Constitución y Estatut- a la recuperación del consenso democrático mínimo entre la ciudadanía catalana. Puede contribuir a ello una mejora del funcionamiento federal del Estado autonómico, pero también puede ser útil y razonable un cierto reconocimiento constitucional de la singularidad de la autonomía catalana y una mejora del estatus de la lengua catalana en el conjunto de las instituciones del Estado.

Fundadors subscriptors:
més que lectors, actors disposats a canviar les coses.

Con la recuperación de la convivencia y la normalización de la vida política y civil los ciudadanos de Cataluña debemos plantearnos también cómo recuperar todo lo que se ha perdido en los últimos seis años, empezando por las empresas que han trasladado sus sedes fuera de Cataluña como resultado no solo del creciente clima de división y de desconfianza sino, sobre todo, por la inseguridad jurídica generada en los momentos más agudos del unilateralismo rupturista en los que, incluso la salida del euro o de la Unión Europea se planteaban como escenarios plausibles para el independentismo gobernante.

Debemos recuperar el buen clima y la plena seguridad jurídica que permitan atraer las inversiones, recuperar las sedes de las empresas catalanas y volver a situar nuestras grandes marcas de país -Barcelona, Cataluña, España- en el puesto de máximo prestigio que han ocupado durante los últimos decenios.

Este espíritu reformista y estos propósitos de mejora de la convivencia en Cataluña requieren la contrapartida de un compromiso con la gobernabilidad, tanto la española como la europea, así como la expresión explícita de una mutua y exigente lealtad constitucional en el conjunto de las instituciones. La democracia catalana ha estado siempre vinculada a la democracia española y, gracias a la integración europea, también a la estabilidad, la paz y la prosperidad garantizadas por las instituciones de la Unión. Así ha de seguir siendo si no queremos retroceder hacia las peores épocas en las que eran hegemónicos los nacionalismos populistas, ideologías nefastas de nuestra decadencia e, incluso, de la guerra y de la destrucción de Europa.